El influyente diario estadounidense Washington Post recomendó, en un editorial, a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que “dé un paso al costado” y renuncie, para permitir la conformación de un Gobierno de coalición que atienda la grave crisis económica del país amazónico.
En la nota, titulada Brasil al límite del colapso, el rotativo señala que la situación brasileña puede afectar a todo el continente.
A continuación, el texto del artículo:
Mientras el presidente Obama viajaba de Cuba a Argentina esta semana, pasó, literalmente, por encima de la situación política más trascendental de la región —que no es el acercamiento de Estados Unidos con el régimen de los Castro, o el cambio abrupto del populismo de izquierda al liberalismo de centroderecha en Buenos Aires, sino la gigantesca crisis de corrupción y legitimidad política en Brasil.
A lo largo de más de un año, la quinta nación más grande del mundo ha sido golpeada por la recesión y se ha convulsionado por las investigaciones sobre sobornos que involucran a la petrolera estatal, las compañías constructoras más importantes de Brasil, y la apreciación de los políticos más renombrados del país.
La semana pasada, el drama escaló a un nuevo nivel: Más de 3 millones de brasileños salieron a protestar contra la corrupción y a exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Entonces, la señora Rousseff, que ya enfrenta una iniciativa de enjuiciamiento legislativo, recurrió a una maniobra política inescrupulosa y desesperada.
La presidenta designó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de su gabinete. La jugada pudiera haber tenido sentido hace un año, cuando Lula se mantenía como un ícono nacional inmensamente popular, pero Da Silva se ha convertido en objetivo de investigaciones sobere corrupción, es sospechoso de aceptar sobornos y de esconder la propiedad de un condominio en la playa. Su designación ha tenido el efecto de parapetarlo de los jueces estatales y federales y los fiscales que lo persiguen —y uno de ellos filtró conversaciones telefónicas que parecen mostrar a Rousseff y Da Silva conspirando para obstruir la investigación.
Hasta ahora, el caso para remover de la presidencia a la señora Rousseff parecía dudoso. Se le responsabilizaba de manipular cuentas presupuestarias antes de su reelección de 2014, una conducta que podría haber contribuido a los severos problemas económicos del país, pero que difícilmente ameritaba un enjuiciamiento. Su aparente intento de proteger a Da Silva, de cualquier modo, puede justificar una acción del Legislativo. La opinión se ha volteado contra ella: Una encuesta afirma que 68% de los brasileños favorecen su destitución, mientras el diario O Globo ha reportado que el número de diputados que la apoyan en la cámara baja ha caído de 250 a 172, apenas por arriba del mínimo de 171 que requiere para bloquear su enjuiciamiento.
Rousseff afirmó esta semana que nunca renunciará, y acusó a sus oponentes de “intentar un golpe contra la Democracia”. De hecho, el halo de esperanza de la crisis brasileña es que refleja las maduras instituciones democráticas del país y su apego al estado de Derecho. El juez federal que dirige la investigación sobre los sobornos, Sergio Moro, se ha convertido en un héroe nacional. A finales del mes pasado, no menos de 84 veteranos políticos, ejecutivos empresariales y otros han sido apresados bajo cargos de corrupción, incluyendo algunos de los más ricos magnates del país. Otros cientos, incluyendo más de la mitad de los miembros del Congreso Nacional, enfrentan acusaciones de conductas impropias.
El peligro es que el sistema político del país pueda colapsar, imposibilizando tomar las críticas medidas que se requieren para estabilizar la economía. La presidenta Rousseff, cuya administración ha estado paralizada por meses, podría servir mejor a su país haciéndose a un lado, y permitiendo a su vicepresidente presidir un nuevo gabinete de coalición. Al atrincherarse, está empujando al límite a Brasil.
Fuente: Washington Post.